El gobierno argentino se enfoca en cómo apelar una sentencia judicial que suspendió la aplicación de 83 artículos de la ley laboral. La resolución, emitida el lunes por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, fue en respuesta a una acción judicial impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT). La decisión judicial asegura la continuidad de todas las cláusulas convencionales y establece que las empresas deben mantener la retención y el depósito de las contribuciones solidarias pactadas, fundamentales para el funcionamiento de las organizaciones gremiales. Por el momento, no está definido en qué fuero se presentará la apelación. Pese al análisis en las filas libertarias, la gestión de Milei correrá riesgos y se inclinará por el fuero que fue contra el pedido de la CGT. Vale destacar que en La Libertad Avanza reconocen que hoy no están inmiscuidos en el trabajo de apelaciones. Mientras tanto, el Juzgado Federal N° 2 de San Martín dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de los artículos 131 y 133, lo que añade complejidad a la situación legal. Un dirigente de la CGT dio por descontado que el oficialismo acudirá al fuero contencioso administrativo. "No vamos a permitir que, bajo la excusa de una modernización, se intente asfixiar a los sindicatos y recortar derechos históricos", afirmó un líder. "Defender el financiamiento de nuestra institución es defender la salud de la familia de comercio y nuestra capacidad de diálogo para proteger el salario en todo el país".
